De acuerdo con lo informado oficialmente por el Ministerio de Seguridad nacional, el viernes 31 de octubre se llevó a cabo el acto central por la Semana de la Policía Federal Argentina en su 204° aniversario. En esa ocasión, la ministra del área, Patricia Bullrich, anunció el cambio de nombre de la Escuela de Cadetes, que será nuevamente Coronel Falcón, mientras que la de suboficiales se llamará Comisario General Alberto Villar.
Por cierto, tanto la figura de Falcón como la de Villar resultan controversiales dada la índole de los hechos en los cuales participaron. Pero por la mayor cercanía en el tiempo de la actuación del segundo (cuyo nombre recuerda una época oscura del país), en esta nota nos centraremos en su figura. Si bien su participación en la represión ilegal en los años setenta es conocida, entendemos que existe cierto grado de confusión sobre esta (incluso en sus críticos). Por ello, aquí no nos referiremos solo a Villar, sino que ubicaremos su papel dentro del marco general de la represión llevada a cabo en el período 1973-1976, pues entendemos que para poder comprender realmente cualquier fenómeno social siempre se hace necesario conocer el contexto en el cual se desarrolla.
Como es usual que se vincule a Villar con la Triple A, conviene aclarar desde un principio que tal organización no fue la única que llevó a cabo acciones de represión ilegal en el mencionado período. Dada la notoriedad alcanzada por esta, muchos han tendido a considerarla la única existente, con diversas ramificaciones en distintos puntos del país. Sin embargo, de acuerdo con diferentes y actuales investigaciones, debe considerarse que la Triple A fue, en verdad, parte de una red de grupos de muy variado tipo y que se articularon de diferentes maneras.
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Según diversas investigaciones, en el período 1973-1976, la Triple A debe verse como formando parte de un heterogéneo conjunto de actores sociales, que incluyó fuerzas estatales, cuadros civiles de la derecha peronista y otras fuerzas paraestatales. Por ello, según señala López de la Torre en un trabajo destinado a analizar la trayectoria de la organización, el accionar de la Triple A debe entenderse dentro de lo que algunos han denominado como “complejo contrainsurgente”.
Según el mencionado autor, la trayectoria de la Triple A puede dividirse en tres períodos. El primero de estos sería la etapa formativa de la organización, desde mediados de 1973 a mediados de 1974. Al respecto, cabe recordar que en las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973 había sido elegido por una amplia mayoría el candidato del Partido Justicialista, Héctor Cámpora, quien había asumido su cargo el 25 de mayo de ese año. Sin embargo, por diversos motivos, se vio forzado a renunciar poco tiempo después, el 13 de julio. Entonces, mientras se organizaba un nuevo llamado a elecciones presidenciales, quedó interinamente a cargo de la presidencia Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados (y yerno de López Rega). Con posterioridad, en las nuevas elecciones presidenciales celebradas en septiembre de 1973, resultó electo Juan Perón, quien asumió el cargo el 12 de octubre de ese año.
De acuerdo con López de la Torre: “La Triple A se fundó a finales de 1973 por disposición de José López Rega, titular del Ministerio de Bienestar Social (MBS). Originalmente fue una agrupación paraestatal organizada y financiada con recursos del ministerio, pero sin conexiones con las jefaturas de las fuerzas de seguridad, lo que le impidió tener la sistematicidad represiva propia de un escuadrón de la muerte”.
En otras palabras, en sus inicios, su accionar y sus fuentes de financiación estaban limitados. Además, cabe recordar que su actividad en sus comienzos tuvo como blanco a un heterogéneo conjunto de actores sociales a los que podían considerar como “enemigos”. De hecho, el primer hecho reconocido por la organización es el atentado del 21 de noviembre de 1973 contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien se había opuesto al proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales (ley que buscaba consolidar el poder de la llamada “burocracia sindical”).
En este primer período, la Triple A se desenvolvió en torno de la custodia del Ministerio de Bienestar Social y de López Rega, donde intervenían policías federales activos o en retiro. Asimismo, la organización contó con civiles relacionados con el sector más reaccionario de la derecha peronista de la época, como Julio Yessi, jefe de la JPRA (Juventud Peronista de la República Argentina), y Felipe Romeo, director de la revista El Caudillo de la Tercera Posición (conocida simplemente como El Caudillo). Al respecto, cabe recordar que esta publicación, financiada con recursos del ministerio, tenía el eslogan “El mejor enemigo es el enemigo muerto”.
Sobre este primer período de la Triple A, también es importante considerar la postura del entonces jefe de la PFA (Policía Federal Argentina), el general retirado Miguel Ángel Iñíguez. Este entendía que la cuestión de los supuestos “infiltrados” izquierdistas dentro del peronismo debía ser resuelto por los grupos civiles de la derecha peronista, sin que se viese involucrada en acciones ilegales la institución policial. Sin embargo, ciertos hechos modificaron este cuadro de situación y así poco después cobrará relieve la figura del comisario Alberto Villar.
En lo referente a Villar, según López de la Torre, debe tenerse en cuenta que fue uno de los policías federales mejor capacitados en “guerra contrainsurgente”, cuya doctrina y métodos había aprendido en Francia en los años sesenta. A inicios de la década siguiente creó el Cuerpo de Unidades Móviles de Represión, conocido popularmente como la Brigada Antiguerrillera, fuerza especializada en antimotines urbanos que reprimió los levantamientos populares del Tucumanazo (1970) y el Viborazo (1971).
En cuanto a los cambios que se produjeron en la época, debe recordarse que en enero de 1974 se produce un ataque del grupo guerrillero ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al regimiento de Azul y esto provoca un endurecimiento de la posición de Perón frente al accionar de la guerrilla. Como recuerda Juan Besoky en un trabajo sobre la relación del líder justicialista con la Triple A, muestra del cambio de actitud de Perón es la reunión de diputados vinculados a la izquierda peronista con este en la residencia de Olivos poco después de dicho ataque. Según Besoky, “los diputados se oponían a dos artículos, referidos a la asociación ilícita, de la reforma al Código Penal propuesta por el Ejecutivo. Temían que fuera un artilugio legal para perseguir a las organizaciones armadas”. Ante ello, Perón les dice claramente que, si la ley no salía, se combatiría a la guerrilla por “otros medios” para aplastarla. Por cierto, dicha ley fue aprobada y los diputados renunciaron.
Con el cambio en la postura de Perón, el comisario Alberto Villar comienza a ocupar un lugar muy destacado. El presidente lo reincorpora al servicio activo con el cargo de subjefe de la PFA y, al mismo tiempo, hace lo propio con el comisario Luis Margaride, como jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal. Más aún, poco después, el 10 de abril de 1974, al renunciar el general Iñíguez a su cargo, los mencionados cobrarán más poder, pasando a desempeñarse como jefe y subjefe de la PFA respectivamente.
Estos cambios en la institución policial afectaron el accionar de la Triple A. Como señala López de la Torre: “La articulación resultó en la transformación de la agrupación del ministro en un escuadrón de la muerte parapolicial, dotado con la infraestructura necesaria para sistematizar su accionar represivo. El núcleo estructural del escuadrón quedó conformado por el mando bicéfalo del MBS (Ministerio de Bienestar Social) y la PFA, cada uno con comandos operativos autónomos”.
Se entra así en la segunda de las etapas de la trayectoria de la Triple A, que iría de julio de 1974 a julio de 1975. Si bien Perón había endurecido su postura frente a los grupos guerrilleros, todavía era de la idea de emplear una violencia limitada. Sin embargo, a partir de su muerte, el 1° de julio de 1974, la violencia ilegal paraestatal alcanzará niveles sin precedentes.
Al morir el líder justicialista, se produjo un vacío de poder debido a la inexperiencia política de quien lo sucediera en el cargo, Isabel Martínez de Perón, y en estas circunstancias aumentó la influencia de López Rega. Una muestra del rápido y violento cariz que tomaban los acontecimientos se produjo poco después de la muerte de Perón, ya que el primer asesinato reivindicado por la Triple A, el del abogado Rodolfo Ortega Peña, ocurrió el 31 de julio de ese año.
Sobre el incremento de la violencia a partir de la desaparición de Perón, es importante lo señalado por Inés Izaguirre, quien sobre la base de los datos por ella reunidos elabora un cuadro donde contabiliza las bajas del campo popular (muertos, desaparecidos y detenidos liberados) durante el período 1973-1976. Así, bajo el gobierno de Perón, contabiliza 52 muertos y 14 prisioneros o secuestrados. Sin embargo, entre la muerte de Perón y el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se aprecia un notable aumento, ya que cuenta 979 muertos y 737 secuestrados. En otras palabras, previamente a la dictadura militar, ya se veía una escalada abrupta de la violencia política.
En cuanto a Villar, cabe recordar que este fue asesinado en un operativo organizado por el grupo guerrillero Montoneros el 1° de noviembre de 1974. Sin embargo, este asesinato no interrumpió las actividades represivas de la Triple A, ya que continuaron hasta el ocaso de López Rega, en julio de 1975. Cabe recordar que, en su ambición de concentrar poder, el entonces ministro de Bienestar Social tuvo enfrentamientos con los dirigentes sindicales y con las Fuerzas Armadas, lo que finalmente llevó a su caída.
Por último, con respecto al tercer período de existencia de la Triple A considerado por López de la Torre, este se extiende desde la mitad de 1975 hasta principios de 1976 y marca su desintegración. Con la partida de López Rega, el gobierno de Isabel Perón se fue desmoronando y los militares cobraron mayor poder. En octubre de 1975, cuando era el presidente provisional Ítalo Luder, se firmaron decretos que otorgaban a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad interna a nivel nacional (conocidos como “los decretos de aniquilamiento”). De este modo, progresivamente, los militares fueron reorganizando el “complejo contrainsurgente” para centralizar la represión. Ello significó la desarticulación de los diversos escuadrones de la muerte existentes hasta el momento, integrándose muchos de sus miembros a los grupos de represión ilegal que actuarían luego durante la dictadura militar.
En suma, la Triple A existió con anterioridad y con posterioridad a la intervención del comisario Alberto Villar. Sin embargo, fue gracias a los altos cargos ocupados por este en 1974 en el ámbito de la PFA que este escuadrón de la muerte pudo articular la actividad paraestatal con la estatal, logrando así alcanzar un poder y unas dimensiones de las que había carecido hasta ese entonces.
*Doctor en Ciencias Sociales (UBA).
IG @carloscampora01.
